“La importancia de la función del Prestamista de Última Instancia en economías dolarizadas

Valorar la función de prestamista de última instancia en el Banco Central de Reserva de El Salvador donde existe una dolarización

Hace cerca de 30 años, el economista Hyman Minsky afirmó que “en lugar de que la mano invisible determinara el rumbo de la economía, la mano visible de los Ministerios de Finanzas, Bancos Centrales y Fondo Monetario han intervenido para mantener los ciclos de negocio en su ciclos y fronteras normales… y que como resultado de intervenciones exitosas la economía global ha generado una aproximación a un comportamiento ordenado…” Minsky también observaba que “la economía no siempre se aísla de los desastres y por ello se necesita analizar qué la puede generar y cómo intervenir y regular para evitar la inestabilidad [financiera]”.

El mismo autor afirma que los “formuladores de política económica deben asumir que los sistemas económicos con vínculos financieros intertemporales complejos son inestables” y que “aun cuando la desregulación del sistema financiero estaba aconteciendo, una serie de crisis financieras requirió intervenciones de bancos centrales en gran escala”.

Casos más precisos de lo comentado por Minsky son las intervenciones de la Reserva Federal de Estados Unidos y de otras grandes economías durante la crisis financiera de los años 2008-2009 y, más recientemente, las intervenciones en larga escala efectuadas desde el Banco Central Europeo, que, como afirmó su Presidente Mario Draghi en el año 2012 “El Banco Central Europeo hará todo lo que sea necesario para preservar el Euro.”

En esta economía inestable categorizada por Minsky, los Bancos Centrales son de trascendental importancia para ejercer la función de “Prestamista de Última Instancia” por la cual los Bancos Centrales y países estabilizan el sistema financiero y monetario. Esto porque dentro del sistema financiero, hay instituciones financieras que se aventuran en actividades especulativas que pueden generar contagio y pérdida en el valor de los activos y erosionar el patrimonio y solvencia con efectos mayores en la economía.

Hay que reconocer que, en la historia reciente de Latinoamérica, choques macroeconómicos adversos han afectado la confianza de los depositantes en algunos bancos en particular, o en sistemas financieros.

La historia reciente muestra que se requiere contar con sistemas financieros sólidos, adecuadamente regulados y con Bancos Centrales que puedan ejercer su función de prestamista de última instancia. Este es un elemento fundamental para estabilizar la economía inestable.

El término "prestamista de última instancia" se originó con Baring hace más de 200 años, quien se refirió al Banco de Inglaterra como la "última instancia" a la cual los bancos podrían recurrir para obtener liquidez en una crisis. Un gran aporte sobre este tema se dio a finales del siglo XIX, cuando Bagehot propuso una serie de principios sobre los cuales debería operar el prestamista de última instancia y que muchos académicos reformulan en sus investigaciones, tales como: prestar a una tasa de interés alta por encima de la tasa de mercado; prestar a bancos con problemas de liquidez, pero solventes; tomar como garantía activos de buena calidad; y por último, que el Banco Central de a conocer su disposición a actuar para prevenir pánicos generalizados.

De acuerdo a Stanley Fischer (1999), la función de prestamista de última instancia guarda relación con la prevención y mitigación de crisis financieras. Estas crisis van acompañadas de una pérdida de confianza en la solidez de algunas instituciones o activos financieros, que puede propagarse rápidamente al resto del sistema financiero. Fischer menciona que el prestamista de última instancia cumple como mínimo dos funciones: otorgar crédito en momentos de crisis para hacer frente a la misma y controlar las crisis o prevenirlas. Fischer también menciona que, en general, es el banco central el que desempeña estas dos funciones.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha emitido una serie de recomendaciones para cautelar el riesgo de liquidez. Por ejemplo, en diciembre 2010 emitió el documento “Basilea III. Marco Internacional para la Medición, Normalización y Seguimiento del Riesgo de Liquidez”, en el cual recomendó el establecimiento de un Coeficiente de Cobertura de Liquidez y de un Coeficiente de Financiación Estable Neta.

Durante la crisis financiera de 2008-2009, los bancos centrales del mundo proporcionaron diferentes tipos de asistencia de liquidez a instituciones y mercados financieros; es decir, actuaron como prestamistas de última instancia. El objetivo de estas asistencias fue permitir una solución ordenada a las dificultades de liquidez, resguardando así la estabilidad y confianza en el sistema financiero.

En el caso salvadoreño, el Banco Central de Reserva ha actuado como Prestamista de Última Instancia en diferentes momentos de su historia y la importancia de este rol se amplifica en el contexto actual de nuestra economía dolarizada.

En la década de 1990, sucedieron corridas de depósitos en nuestro país en las cuales el Banco Central tuvo que intervenir como Prestamista de Última Instancia.

En 1997 fue intervenida la financiera FINSEPRO; posteriormente, se produjo un efecto contagio sobre cinco bancos pequeños que registraron reducciones en sus depósitos entre 7% y 25% durante los últimos seis meses de 1997.

La participación del Banco Central como Prestamista de Última Instancia, en esa oportunidad, se materializó a través de la aprobación de líneas de financiamiento de liquidez a las cinco instituciones afectadas por el contagio, por montos aproximados de $51 millones de dólares.

Otro de los momentos en los cuales el Banco Central actuó como prestamista de última instancia fue en 1998 cuando el Banco de Crédito Inmobiliario, mejor conocido como CREDISA, sufrió una caída en sus depósitos del orden del 30%. El Banco Central otorgó recursos a esta institución por más de $75 millones de dólares de esa época para atender sus necesidades de liquidez.

Se debe destacar que existe una diferencia sustancial entre un banco central con posibilidad de emisión de moneda de otro en el que esta capacidad ha sido eliminada, ya que solo en el primer caso el banco central tiene a su disposición la libertad de utilizar la política monetaria para financiar la asistencia en un contexto de crisis de liquidez y de acceso restringido a fondos externos. El Banco Central en una economía dolarizada requiere tener un patrimonio sólido para ejercer esta función; esto implica mayores retos, como lo afirma el Fondo Monetario Internacional en la misión del Artículo IV de 2016.

Este reto incremental para que el Banco Central ejerza su función de prestamista de última instancia proviene por el hecho de que, al desaparecer la facultad del banco central de emitir dinero como lo hacen el resto de Bancos Centrales de economías con moneda propia, se le limitó al BCR su capacidad de asistir al sistema financiero en un momento de crisis de liquidez. Además, operativamente, la Ley de Integración Monetaria dejó al Banco Central mecanismos engorrosos para trasladarle liquidez a las instituciones, lo cual fue evidenciado en la crisis de 2008 en la que se canalizaron recursos del BID a las instituciones financieras.

Por esto se tuvo que realizar una reforma a la Ley Orgánica del Banco Central para habilitar una vía más expedita en el año 2011.

Es importante destacar que el país cuenta actualmente con diferentes capas de protección para mitigar los problemas de liquidez que podrían experimentar las entidades, como: la propia gestión de riesgo de las entidades financieras; el cumplimiento a las Normas Técnicas para la Gestión del Riesgo de Liquidez, un requerimiento de reserva de liquidez el cual se estima en aproximadamente el 22% de los depósitos y por, último, un requerimiento adicional del 3% de Activos Líquidos.

El Banco Central está impulsando la creación de un Fondo de Liquidez, el cual tendría por objeto proveer recursos a instituciones solventes del sistema financiero que presenten problemas temporales de liquidez.

Ya desde el año 2010, el Fondo Monetario Internacional señaló en el “Programa de Evaluación del Sector Financiero” (conocido como FSAP) la importancia de crear un Fondo de Liquidez que estaría financiado con los aportes de las propias entidades financieras y sería un mecanismo de liquidez adicional que permitiría mancomunar recursos líquidos, evitando de esa manera que problemas coyunturales de liquidez de una sola institución afecten al resto de entidades.

Actualmente, el BCR puede ejercer su función de prestamista de última instancia mediante su facultad legal de brindar asistencia financiera a instituciones solventes con problemas temporales de liquidez, a través de tres herramientas: el otorgamiento de créditos de liquidez al sistema bancario, las operaciones de compra de cartera de inversiones en forma temporal y las operaciones de reporto con recursos del Estado para proteger la liquidez bancaria.

Para llevar a cabo exitosamente esta función en el contexto de economía dolarizada, el Banco Central contrató en el pasado reciente diferentes líneas de crédito, tales como el “Programa de Liquidez para la Sostenibilidad del Crecimiento” con el BID por un monto de $400 millones de dólares, dos Acuerdos Stand-By con el Fondo Monetario Internacional por $800 y $790 millones de dólares cada uno, y la “Línea de Crédito para la Sostenibilidad del Desarrollo para Suministro de Liquidez Temporal al Sistema Financiero” con el BID por un monto de $100 millones de dólares.

Como vemos, en la historia reciente se marcan importantes momentos de actuación del Banco Central de Reserva como Prestamista de Última Instancia, especialmente ante choques macroeconómicos y crisis financiera internacional. Y, la dolarización ha implicado mayores retos para la actuación del Banco Central en esta función para preservar la estabilidad monetaria y del sistema financiero. O, como diría Minsky, para promover una actuación que permita estabilizar una economía inestable.

En el último informe de la Consulta del Artículo IV de julio de 2016, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional recalcó que El Salvador debería generar un margen para financiar el servicio de prestamista de última instancia del Banco Central, enfatizando la importancia de incrementar las asignaciones presupuestarias anuales para este mecanismo. El informe también menciona que en caso de insuficiente capacidad de prestamista de última instancia y de marcos de resolución bancaria, los choques de liquidez específicos de cada institución pueden tener repercusiones sistémicas. Teniendo en cuenta el papel clave del Banco Central en la administración del mecanismo de prestamista de última instancia, el referido informe también recomendó proteger la situación financiera del Banco Central.Escriba su contenido aquí.